Mi experiencia sobre la sanidad pública está entreverada de luces y sombras. Prevalecen las luces, pero las sombras están ahí, todos las vemos porque son como las meigas gallegas, haberlas haylas y algunas muy oscuras.
Hasta hace poco no había necesitado acudir a Urgencias del Hospital de Gandia y aunque esperaba percibir una mejora notable respecto a la lúgubre sala de urgencias del viejo hospital del Paseo Germanías, me llevé una decepción. Siguiendo el protocolo me trasladaron en ambulancia desde el centro de salud al hospital y me dejaron durante cuatro horas en la sala de espera. Finalmente fui muy bien atendido por una médica y por una enfermera. La atención recibida fue excelente y profesional, algo a lo que estoy acostumbrado porque visito periódicamente las consultas externas. No obstante, fue deprimente la larga espera en una sala poco ventilada, desbordada, incómoda y sin información sobre los tiempos previstos de espera. Mejor no imaginar los gérmenes infecciosos que podrían pulular por el ambiente.
Del volumen económico de la sanidad -unos 122.000 millones de euros anuales- las tres cuartas partes corresponden a la sanidad pública y el resto a la privada. Los españoles nos gastamos cada año unos 32.000 millones de euros en sanidad privada y surge la pregunta de por qué invertimos un dineral en salud, existiendo la sanidad pública, universal y gratuita. La respuesta parece obvia: si recurrimos con frecuencia creciente a la sanidad privada será porque algo falla en la pública. Según datos recientes más de 700.000 personas se encuentran actualmente en lista de espera para una intervención quirúrgica y siete de cada diez españoles esperan una consulta médica. Como señaló Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de Economía de la Salud,«la falta de acceso a la red pública sanitaria es un propulsor del aseguramiento privado»; las demoras, incertidumbres y burocracias crean una barrera de acceso a la sanidad pública, que conduce inexorablemente hacia la privada.
El ideologizado debate entre lo público y lo privado complica la situación. Es un debate falso, ya que lo público y lo privado son compatibles y la colaboración público-privada es beneficiosa. Una muestra de ideologización es el Gobierno de la Generalitat Valenciana (PSPV-Compromís-Podemos), según el cual nadie debe hacer negocio con la sanidad. Hace poco el conseller de Sanidad de la Generalitat, Miguel Mínguez, decía que «en un Estado social justo no debe permitirse que la sanidad sea un negocio». Siguiendo con el razonamiento tampoco debería permitirse que sea un negocio el sector alimentario ni el farmacéutico o el suministro de agua potable, indispensables para la vida.
La politización de la salud es reflejo de un colectivismo irredento que sigue soñando con la utopía del socialismo real, abominando de lo privado y del mercado, que infecta de populismo estatalista a los gobiernos del PSOE de los que forma parte. La contradicción surge al chocar con la realidad y, por eso, los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2023 consignan 22 millones de euros para derivaciones quirúrgicas en la sanidad privada para atenuar las las listas de espera, frente a los 15 millones de 2022, mucho más de lo presupuestado en su día por el gobierno de Alberto Fabra.
Una realidad molesta para quienes predican la injusticia del negocio sanitario son los precios medios de operaciones como cataratas, cadera o rodilla, que son sensiblemente más baratas cuando se conciertan con la sanidad privada. Concertando todos ganan: el paciente, la sanidad privada, la sanidad pública que alivia su colapso y ahorra dinero, y las arcas públicas que ingresan impuestos.
La sanidad pública, con criterios de acceso basados en la necesidad y no en la renta, es «la joya de la corona» en un estado social y democrático de derecho como España. Por eso es necesario solucionar los problemas que la aquejan: financiación y gestión. El gasto público de salud per cápita en España es inferior al de países como Francia, Italia, Alemania o Reino Unido, pero no todo es cuestión de dinero, sino que hay que profesionalizar la gestión para que los recursos se utilicen adecuadamente.
Las mutuas de accidentes de trabajo, colaboradoras de la Seguridad Social, son un buen ejemplo de gestión sanitaria. Son asociaciones privadas de empresarios, sin ánimo de lucro, que colaboran en la gestión de prestaciones públicas y protegen a más de 17 millones de trabajadores. Según datos de las mutuas, en 2021 la duración media de las patologías traumatológicas gestionadas por las mutuas fue de 41,01 días, mientras que, en esas mismas patologías tratadas por la sanidad pública, la duración promedio fue de 70,96 días. El ahorro para la Seguridad Social y para las empresas fue de más de 2.000 millones, lo que financiaría el coste de no menos de diez nuevos hospitales. La diferencia no está en el tratamiento médico sino en una gestión privada eficiente.
¿Cuánto más habrá que esperar hasta que los fondos públicos dedicados a sanidad se utilicen racionalmente y de forma eficiente, mediante una gestión profesional y no política?
Gandia, 28 de diciembre de 2022.
Este artículo se publicó originalmente en la edición de La Safor del diario Levante-EMV, el 3 de enero de 2023.