Edwin Santos se dirigía en moto hacia su casa el pasado 23 de octubre cuando, según testigos presenciales, le detuvieron unos encapuchados, presuntamente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Fue trasladado a unas dependencias de la Contrainteligencia Militar. Al día siguiente, alarmados por su desaparición, su esposa y un jesuita pidieron a las autoridades que velaran por su integridad y sus derechos constitucionales. El 25 de octubre fue encontrado muerto con signos de tortura. No se respetaron ni sus derechos ni su vida…
Santos era un activista político de 36 años, líder del partido Voluntad Popular en el estado de Apure, locutor en Radio Fe y Alegría, casado y con dos hijos mellizos de ocho años. Durante las elecciones presidenciales dirigió la campaña de la Plataforma Unitaria Democrática en su localidad. Todo apunta hacia una ejecución extrajudicial, un crimen de lesa humanidad. Las autoridades venezolanas dicen que falleció en un accidente de tráfico, pero no permiten una autopsia independiente. No explican cómo es posible que, si la motocicleta chocó frontalmente contra un árbol, su cuerpo saliera despedido hacia atrás quedando en una posición inverosímil. Pero la dictadura persigue a quienes cuestionen la versión oficial.
Leopoldo López es presidente del partido de centroizquierda Voluntad Popular. Se exiló en España en 2020 y el pasado 29 de octubre anunció que la muerte de Santos será denunciada ante la ONU y ante la Corte Penal Internacional. López fue durante años el enemigo número uno del régimen de Nicolás Maduro. Su detención, juicio fraudulento, encarcelamiento y peligrosa huida hacia el exilio desde la embajada española, han sido narradas por Javier Moro en Nos quieren muertos, una crónica que describe la calaña moral de un régimen que pisotea sistemáticamente los derechos humanos. Su lectura es aconsejable para conocer los entresijos de la represión en Venezuela.
La muerte de Santos es la respuesta de Maduro al informe de la Misión Internacional de la ONU del 15 de octubre, que documenta el «aumento preocupante de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano, las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados progubernamentales antes, durante y después de las controvertidas elecciones presidenciales de julio», y denuncia «detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual […] como parte de un plan coordinado para silenciar a las personas opositoras o percibidas como tales. Entre las víctimas hay niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad». Ahora el régimen, forzado por la presión internacional, simula ‘magnanimidad’ excarcelando a 107 presos políticos.
Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar, se negó a hablar de fraude electoral en Venezuela en un programa emitido el pasado septiembre. No reconoció el triunfo de Edmundo González y repitió el mantra de que «hasta que las actas electorales no se publiquen, no se podrá reconocer qué presidente es o no legítimo», aunque sabe bien que sólo se publicarán cuando las ranas críen pelo. Más complaciente con la dictadura se mostró el Partido Comunista de España, al que pertenece la vicepresidenta Yolanda Díaz. En un primer comunicado felicitó a Maduro exigiendo respeto para los resultados electorales. Posteriormente condenó «el llamamiento al golpe de estado por parte de la extrema derecha», justificando implícitamente la campaña de terror aplicada a la oposición: 1.850 personas encarceladas tras las elecciones por protestar contra el fraude electoral, incluidos 69 menores, acusados de delitos de terrorismo y conspiración.
La estrategia de Maduro es simple y cínica: convertir a la víctima en victimario. López fue condenado sin evidencias creíbles a 13 años de cárcel, por instigación a la violencia y asociación para delinquir. Según Amnistía Internacional ese juicio puso de manifiesto la «absoluta falta de independencia e imparcialidad judicial». Lo mismo ocurrió con los resultados electorales: a las víctimas del fraude se les acusa de defraudadores y golpistas. Con Edwin Santos, los victimarios son ahora las ONG de derechos humanos que denuncian el asesinato. Serán juzgadas y castigadas…
Errejón, que intentó ser referente moral del progresismo, decía que a la derecha solo le interesa Venezuela «para erosionar al gobierno de España». Un juicio de intenciones que denota su mala conciencia –y la de sus ex colegas de Sumar– por no tener la decencia de reconocer una verdad incómoda: la dictadura de Venezuela erosiona la libertad y la justicia. Erosiona los derechos humanos.
22 de noviembre de 2024.
Publicado originalmente en la edición de La Safor del diario Levante-EMV el 26 de noviembre de 2024. En la fotografía aparece Leopoldo López en una entrevista del canal NTN24 denunciando la muerte de Edwin Santos.